El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora una prohibición expresa de atribuir a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria para la formalización del contrato de alquiler y los impuestos asociados a la vivienda.

La medida afecta al coste efectivo del arrendamiento

El precio mensual no es el único elemento que determina cuánto paga realmente un inquilino al entrar en una vivienda.

Comisiones de gestión y determinados impuestos pueden representar importes relevantes, por lo que la norma busca evitar su traslado al arrendatario.

Los contratos y procesos de cobro deben revisarse

Agencias, propietarios y administradores deberán adaptar cláusulas y facturación para que los conceptos prohibidos no se carguen al inquilino.

Los modelos de contrato antiguos no deberían reutilizarse sin una revisión previa.

La contabilidad debe identificar quién soporta cada coste

Cuando un gasto de gestión pasa a ser asumido por el propietario, debe registrarse y documentarse correctamente en su contabilidad o gestión patrimonial.

Las asesorías deberían revisar también su tratamiento fiscal según la naturaleza del gasto y del contribuyente.

Qué deben revisar propietarios, empresas y asesorías

La entrada en vigor de estas reglas obliga a revisar contratos, sistemas de gestión y documentación antes de aplicar criterios anteriores. Las consecuencias pueden afectar a fiscalidad, facturación, rentas y obligaciones frente al arrendatario.

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Fuente oficial: Boletín Oficial del Estado.

Fotografía: Mikhail Nilov / Pexels.