El Real Decreto-ley 29/2026 introduce la obligación de certificar en el Registro de la Propiedad la condición de gran tenedor de vivienda conforme a los requisitos de la normativa estatal o, cuando proceda, de la regulación autonómica aplicable.

La acreditación deja de ser una cuestión puramente interna

La condición de gran tenedor puede tener efectos sobre distintas obligaciones y límites en materia de vivienda, por lo que la norma refuerza su trazabilidad registral.

Empresas y patrimoniales con carteras de inmuebles deberán revisar si cumplen los umbrales y cómo debe formalizarse la certificación.

La normativa autonómica también puede ser relevante

El real decreto-ley remite a los requisitos marcados por la ley estatal de vivienda o por la legislación autonómica que la supla.

Esto obliga a revisar la localización de los inmuebles y no aplicar automáticamente un único criterio a toda la cartera.

El inventario inmobiliario debe estar actualizado

Para determinar correctamente la situación de la entidad será necesario disponer de información fiable sobre número, uso y titularidad de los inmuebles.

Un inventario desactualizado puede provocar errores tanto en obligaciones registrales como en decisiones de compra, alquiler o financiación.

Qué deben revisar empresas y asesorías

La entrada en vigor de la norma obliga a revisar operaciones inmobiliarias, documentación registral y procedimientos internos antes de cerrar compras o modificar carteras de vivienda.

En ContaNews puedes seguir más contenidos en Fiscalidad y Empresas.

Fuente oficial: Boletín Oficial del Estado.

Fotografía: RDNE Stock project / Pexels.